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Ley Universitaria de Venezuela crea Carta de Derechos del Estudiante y democratiza la educacion universitaria

Por James Suggett

Publicado el 24 de diciembre en Venezuelanalysis.com

Traducción por Idialectica

 

 

Mérida, 24 de diciembre de 2010 (Venezuelanalysis.com) – Mientras los estudiantes en los Estados Unidos y Europa protestan contra el alza de la matrícula y la falta de fondos para la educación pública a nivel universitario, la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado una ley sin precedentes para incluir profesores, estudiantes, trabajadores y miembros de la comunidad universitaria en la toma de decisiones y eliminar las barreras a la educación universitaria.

 

La ley se basa en el principio de que el gobierno tiene la responsabilidad de proporcionar de manera gratuita y de alta calidad, la educación pública desde la infancia hasta el pregrado universitario. Este principio está establecido en el artículo 103 de la constitución de la nación.

 

La ley dice que los estudiantes tendrán el derecho a la igualdad de voto en la elección de autoridades universitarias, en la evaluación de profesores y participar en la auto-evaluación, expresar libremente sus opiniones, acceso a los registros administrativos de la universidad, y recibir una amplia gama de servicios, incluyendo vivienda, transporte, comidas, atención de salud y un estipendio mensual, entre otros derechos.

 

La ley también establece una serie de consejos universitarios que han de ser elegidos en cada universidad a través de un sistema democrático donde una persona equivaldrá a un voto y que incluye a estudiantes, profesores, administradores, trabajadores asalariados, y otros miembros de la comunidad universitaria.

 

Esto incluye un Consejo de Defensores de la Universidad Pública y un Consejo Defensor del Pueblo para auditar y supervisar el presupuesto universitario y la administración. Asimismo, cada recinto universitario elegirá un órgano legislativo de representantes llamado la Asamblea de Transformación Universitaria que trabajará con el Consejo Nacional para la Transformación Universitaria para gestionar los cambios en la estructura administrativa del sistema de universidades públicas y sus programas de acuerdo con la nueva ley y la Constitución.

 

Anterior a la aprobación de la ley, las universidades estaban dirigidas por un grupo más pequeño de autoridades llamado Consejo Universitario que se elegía en un sistema que le daba más peso mediante votos a autoridades superiores y le daba virtualmente ningún poder a estudiantes o trabajadores.

 

La nueva ley explícitamente defiende el principio de autonomía de la administración de la universidad pública, que tiene el mandato por el artículo 109 de la Constitución Nacional. Este principio se inspiró en la profunda historia de Venezuela de mortal represión política y la resistencia en los campus universitarios, especialmente durante la dictadura derechista, respaldada por Estados Unidos, que terminó en 1958 y el período posterior de la democracia representativa.

 

Pero la interpretación jurídica de la autonomía ha cambiado bajo la nueva ley, de acuerdo con Alberto Castelar legislador del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Dijo que las universidades públicas ahora tendrán “autonomía co-responsables, lo que significa que las autoridades universitarias no pueden ir y hacer lo que quieran.”

 

La autonomía universitaria será “más profunda” porque la nueva ley aumenta la participación de las partes anteriormente excluidos de la comunidad universitaria, de acuerdo al legislador María de Queipo, quien encabeza la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deportes en la Asamblea Nacional.

 

Ayer, varias organizaciones estudiantiles incluyendo los capítulos M-28 y el movimiento estudiantil del PSUV realizaron manifestaciones en diferentes partes del país en favor de la ley. Vicente Moronta, dirigente del M-28, dijo a la agencia estatal de noticias AVN que aquellos que se oponen a la nueva ley “consideran la educación como una mercancía, no un derecho humano.”

 

En el estado central de Lara, el dirigente estudiantil del PSUV Erick Prado dijo: “El movimiento estudiantil ha luchado durante décadas en favor de una educación más democrática e inclusiva, desde mucho antes que la revolución llegó al poder.”, Y agregó que la nueva ley ayudará a “democratizar la universidad”.

 

Mientras tanto, líderes de la oposición política y organizaciones de estudiantes realizaron una marcha en Caracas ayer para protestar contra la nueva ley.

 

Diego Scharifker, el jefe de la Federación Estudiantil Universitaria, dijo a Prensa Asociada que la ley “impone el socialismo como ideología única y acaba con la autonomía universitaria, ya que concentra todos los poderes en el ministro de educación superior.” Estudiantes llevaban pancartas llamando al presidente Hugo Chávez “dictador” y refiriéndose a su gobierno como un “gobierno totalitario”.

 

Manifestantes de oposición señalaron que la parte de la ley que dice: “La educación universitaria es parte del trabajo no enajenado que consolida el modelo de producción socialista”, y la parte que dice que la autonomía implica la libertad académica sino que también debe ejercerse “de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo para el fortalecimiento, consolidación y defensa de la soberanía y la independencia de la patria. “

 

La policía y la Guardia Nacional disolvió la manifestación con un cañón de agua y “pellets” de plástico después de que las autoridades dijeron que los estudiantes no tenían un permiso para extender la marcha más allá de los límites del campus universitario.

 

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, llamó a la desobediencia

generalizada de la ley y dijo que la UCV iniciará clases el próximo semestre de acuerdo a la ley universitaria antigua. “Este es el comienzo de la resistencia”, dijo al defender la decisión de los estudiantes de oposición para marchar más allá de terrenos de la universidad.

 

A pesar de que todas las universidades públicas de Venezuela ya cuentan con matrícula gratuita y de prestación de servicios como el alojamiento gratuito, transporte y comidas, la tendencia sigue siendo para los estudiantes ricos a ser admitidos a las tradicionales universidades públicas autónomas, mientras que los estudiantes más pobres asistan a la creciente Universidad Bolivariana de Venezuela, que fue creado por el gobierno de Chávez y tiene una administración abiertamente pro-revolución.

 

La aprobación de la nueva Ley de Educación de la Universidad se produce pocos días antes de una nueva Asamblea Nacional con una oposición que representará un 41% de la misma, y que reemplazará a la actual Asamblea Nacional, que es casi totalmente controlada por el PSUV.

 

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Los derechos humanos en Puerto Rico

10 Diciembre 2010

Los derechos humanos

Hiram Lozada (abogado)

Cuando celebramos, hoy 10 de diciembre, el aniversario 62 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, hay que recordar que es la base fundamental de nuestra carta constitucional de derechos civiles de 1952 y de posterior legislación de protección social y económica. Para celebrar el evento, lo mejor es ver sus incumplimientos y procurar su efectiva vigencia.

Así hay que señalar que cuando se propone una cuota de $800 para los estudiantes de nuestra universidad pública, en un país donde el 65% de la población vive en la pobreza, se viola terriblemente el derecho a la educación.

Cuando el Gobierno utiliza la fuerza policiaca para invadir y cercar los recintos universitarios y se niega a dialogar con los estudiantes y los profesores, se violan los derechos a la libertad, la justicia y la paz.

Cuando los funcionarios del Gobierno proponen “sacar a patadas” a los estudiantes y profesores que disienten y protestan, propician “actos de barbarie” que menosprecian los derechos del hombre y la mujer.

Cuando la Policía y los cuerpos militares atacan y macanean a los estudiantes, por la mera participación en demostraciones pacíficas, el Estado se convierte en un régimen de tiranía y opresión, repudiado por las declaraciones de nuestra constitución y de las Naciones Unidas.

Cuando el Gobierno propone la construcción de un gasoducto, que cruzará mortalmente nuestros bosques y montañas y amenazará la vida de cientos de miles de personas, se viola la política pública constitucional de proteger al medio ambiente, la vivienda, la salud y a un nivel adecuado de vida.

Cuando el Gobierno criminaliza las protestas, niega y esconde información sobre sus actos y proyectos y utiliza su vasto poder económico para difundir la mentira, viola el derecho a la participación democrática, de información y de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas del país.

Cuando el Gobierno utiliza su poder para comprar conciencias, tomar por asalto las instituciones públicas, llenar de acólitos los tribunales y suprimir la voz de las minorías, destruye el régimen de derecho, descarrila la voluntad del pueblo y viola las exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Así cuando el Gobierno es tiránico, ilegítimo, inmoral y antidemocrático, surge, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el supremo deber de la rebelión.

Tomado de El Nuevo Dia

La Huelga en la UPR: Primer contraataque del pueblo al último bastión del neoliberalismo

Las medidas del gobernador Luis Fortuño y la legislatura no tienen nada de originalidad. Son parte de una misma receta que se lleva aplicando por gobiernos alrededor del mundo desde la década de los setenta; una receta conocida en las ciencias políticas como el neoliberalismo. Normalmente consiste de privatizar lo más que se pueda, reducir los gastos del gobierno, disminuir el empleo público o hacer cualquier otra cosa que disminuya el rol del gobierno en el país y aumente el rol del sector privado. En fin, se trata de entregarle el país a los grandes empresarios, locales o extranjeros.
Siempre se consigue alguna excusa para justificar la implementación de esta receta. En el caso de Puerto Rico fue que el gobierno está en déficit. Sin embargo, la receta neoliberal no es la única alternativa (no debe ser ni siquiera una opción) para un gobierno en déficit. Además, en la práctica, esta “medicina amarga” solo ha empeorado las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos de los países donde se ha aplicado. Por esta razón, muchos gobiernos alrededor del mundo han decidido alejarse de este modelo. Se destacan líderes como el economista Rafael Correa en Ecuador y el indígena Evo Morales en Bolivia.
Mientras en nuestra América y otras partes del mundo los gobiernos se alejan del neoliberalismo, Fortuño y la legislatura lo abrazan e intentan convertir a nuestro país en el último bastión de este modelo ineficiente. El neoliberalismo afecta a la abrumadora mayoría de los sectores del país donde se aplique. Afecta los trabajadores, los profesionales, los estudiantes, los pequeños empresarios, las comunidades pobres, la clase media en general, etc. En el caso de nuestro país, fueron los estudiantes los primeros en construir una contraofensiva ante los ataques del gobierno actual. La lucha de los estudiantes no se debe limitar a un asunto del presupuesto de la UPR. Su lucha es indudablemente un grito de protesta ante la implementación del neoliberalismo en nuestro país. Los estudiantes en los portones no solo están luchando por su educación y por la de nuestros hijos; están luchando por todos los sectores de nuestros país que se están viendo o pronto se verán afectados por la “medicina amarga” de Fortuño y la legislatura.
Por esta razón, el resto del país se tiene que tirar a la calle a luchar junto a los estudiantes. Los trabajadores, los profesionales, los pequeños empresarios, las comunidades pobres, la clase media en general, todos deben unirse al grito de protesta de los universitarios. Se debe concretizar un movimiento nacional en contra de la entrega de nuestro país a los grandes empresarios y que todos los demás sectores víctimas de los atentados contra nuestro bienestar de parte del gobernador Fortuño y la legislatura hagan sus reclamos. Fortuño y la legislatura nos han hecho claro que es hora de tirarnos a la calle a construir un nuevo país.