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La izquierda mundial después de 2011

Por Immanuel Wallerstein/La Jornada

Bajo cualquier parámetro con que se mida, 2011 fue un buen año para la izquierda en el mundo –no importa lo amplio o estricto que se defina la izquierda mundial. La razón básica fueron las condiciones económicas negativas que sufrió casi todo el mundo. El desempleo era alto y creció aún más. Casi todos los gobiernos tuvieron que enfrentarse a elevados niveles de deuda con ingresos reducidos. Su respuesta fue tratar de imponer medidas de austeridad a sus poblaciones mientras que intentaban proteger a sus bancos al mismo tiempo.

El resultado fue un revuelta por todo el mundo que los movimientos que conformaron Ocupa Wall Street (OWS) llamaron el 99 por ciento. La revuelta ocurrió en contra de la excesiva polarización de la riqueza, contra los gobiernos corruptos, y contra la naturaleza esencialmente antidemocrática de estos gobiernos –sea que contaran o no con un sistema multipartidista.

No es que los OWS, la Primavera Árabe o losindignados consiguieran todo lo que esperaban. El hecho es que lograron cambiar el discurso mundial, y lo alejaron de los mantras ideológicos del neoliberalismo acercándolo a temas como la inequidad, la injusticia y la descolonización. Por primera vez en un largo tiempo, la gente común discutía la naturaleza misma del sistema en que vivían; ya no se les podía dar por hecho.

Para la izquierda mundial la cuestión ahora es si puede avanzar y traducir este éxito discursivo inicial en una transformación política. El problema puede plantearse de un modo muy simple. Aun si en términos económicos existe una brecha clara y creciente entre un muy pequeño grupo (uno por ciento) y un grupo muy grande (99 por ciento), esto no significa que así ocurra la división política. A escala mundial, las fuerzas de centroderecha siguen representando a algo así como la mitad de las poblaciones del mundo, o por lo menos a aquéllos que son activos en lo político de alguna manera.

Por lo tanto, para transformar el mundo, la izquierda mundial necesitará un grado de unidad política que todavía no tiene. De hecho, existen profundos desacuerdos en torno a los objetivos de largo plazo y las tácticas de corto plazo. No es que estos puntos no se debatan, por el contrario, están en debate candente, y hay pocos progresos en cuanto a remontar las divisiones.

Estas divisiones no son nuevas. Eso no las hace más fáciles de resolver. Hay dos que son importantes. La primera tiene que ver con las elecciones. No hay dos, sino tres posiciones con respecto a las elecciones. Hay un grupo que sospecha profundamente de las elecciones, y argumenta que participar en ellas no es sólo ineficaz en lo político sino que refuerza la legitimidad del sistema-mundo existente.

Los otros piensan que es crucial tomar parte en el proceso electoral. Pero este grupo se divide en dos. Por un lado, quienes argumentan que son pragmáticos. Quieren trabajar desde dentro –desde el partido principal de centroizquierda cuando funcione un sistema multipartidista, o dentro del partido único de facto, cuando la alternancia parlamentaria no esté permitida.
Y por supuesto hay quienes denuncian esta política de escoger el mal menor. Insisten que no hay una diferencia significativa entre los principales partidos alternativos y respaldan la idea de algún partido que genuinamentesea de izquierda.

Todos estamos familiarizados con este debate y hemos escuchado los argumentos una y otra vez. Sin embargo, es claro, por lo menos para mí, que si no hay cierto acercamiento entre los tres grupos en lo que respecta a las tácticas electorales, la izquierda mundial no tiene mucha oportunidad de prevalecer ni en el corto ni en el largo plazo.

Creo que hay un modo de reconciliación. Implica distinguir entre las tácticas de corto plazo y la estrategia de más largo plazo. Concuerdo mucho con quienes argumentan que obtener el poder del Estado es irrelevante para (y posiblemente hace peligrar la posibilidad de) una transformación de más largo plazo del sistema-mundo. Como estrategia de transformación, se ha probado muchas veces y ha fallado.

Esto no significa que esa participación electoral en el corto plazo sea una pérdida de tiempo. El hecho es que una gran parte del 99 por ciento está sufriendo agudamente en el corto plazo. Y es este sufrimiento de corto plazo su principal preocupación. Están intentando sobrevivir, y ayudar a sus familias y amigos a sobrevivir. Si pensamos en los gobiernos no como agentes potenciales de transformación social sino como estructuras que pueden afectar el sufrimiento de corto plazo mediante sus decisiones en torno a políticas públicas, entonces la izquierda mundial está obligada a hacer lo posible por conseguir decisiones de los gobiernos que minimicen las penurias.

Trabajar por minimizar las penurias requiere de la participación electoral. ¿Y qué pasa con el debate entre quienes proponen el mal menor y quienes proponen respaldar a genuinos partidos de izquierda? Ésta se vuelve una decisión de táctica local, que varía enormemente de acuerdo a varios factores: el tamaño del país, la estructura política formal, la demografía, la localización geopolítica, la historia política. No hay una respuesta estándar, ni pueda haberla. Ni tampoco la respuesta de 2012 va a ser válida para 2014 o 2016. Para mí, por lo menos, no es un debate de principios sino una situación táctica que evoluciona en cada país.

El segundo debate básico que consume a la izquierda mundial es la que existe entre lo que yo le llamodesarrollismo y lo que podría llamarse la prioridad de un cambio civilizatorio. Podemos observar este debate en muchas partes del mundo. Uno lo ve en América Latina en los debates en curso, impulsados con bastante enojo entre los gobiernos de izquierda y los movimientos de pueblos indígenas –por ejemplo en Bolivia, Ecuador o Venezuela. Uno lo ve en América del Norte y en Europa en los debates entre los ambientalistas/verdes y los sindicatos que le dan prioridad a retener y expandir el empleo disponible.

Por un lado, la opción desarrollista, sea que la pongan en marcha los gobiernos de izquierda o los sindicatos, es aquélla de que sin crecimiento económico no hay modo de rectificar los desequilibrios económicos del mundo actual, sea que hablemos de la polarización al interior de los países o de la polarización entre naciones. Este grupo acusa a sus oponentes de respaldar, al menos objetiva y posiblemente subjetivamente, los intereses de las fuerzas del ala derecha.
Los proponentes de la opción antidesarrollista dicen que concentrarnos en la prioridad del crecimiento económico está mal por dos razones. Es una política que simplemente continúa los peores rasgos del sistema capitalista. Y es una política que ocasiona un daño irreparable –ecológico y social.

Esta división es todavía más apasionada, si eso es posible, que la participación electoral. La única manera de resolverla es proponiendo arreglos, sobre la base de caso por caso. Para hacer esto posible, ambos grupos deben aceptar de buena fe las credenciales de izquierda del otro. Y no será fácil.

¿Pueden remontarse estas divisiones de la izquierda en los próximos cinco a 10 años? No estoy seguro. Pero si no se remontan, no creo que la izquierda mundial pueda ganar la batalla en los próximos 20 a 40 años en torno a qué clase de sistema sucesor tendremos conforme el sistema capitalista se colapsa definitivamente.

Traducción: Ramón Vera Herrera

Notas sobre el socialismo del siglo XXI en Bolivia y Venezuela

¿Un capitalismo andino-amazónico?

Eric Toussaint
CADTM/Rebelión

Traducido por Griselda Pinero y Raúl Quiroz

Enfrentamientos izquierda-derecha en Venezuela y Bolivia [1]

Venezuela y Bolivia sufren verdaderas batallas entre la izquierda en el gobierno y la derecha que, a pesar de estar en la oposición, posee el poder económico y mediático, sin contar los poderosos apoyos que cuenta en el aparato del Estado —ministerios, justicia, una parte del ejército y en la jerarquía religiosa (sobre todo católica y protestante)—.

En Venezuela, las batallas más agresivas libradas por la derecha comenzaron después del tercer año del gobierno de Chávez, es decir a comienzos del 2002. Tomó la forma de grandes enfrentamientos, como en el golpe de Estado de abril de 2002, en el lock-out patronal de diciembre de 2002 – enero de 2002, en la ocupación de la plaza Altamira en Caracas por generales sediciosos y dirigentes de la oposición política. Y estos actos comenzaron a disminuir su intensidad después de agosto 2004, gracias a la victoria del No en el referéndum revocatorio del presidente Chávez [2]. Desde entonces, la derecha busca ocasiones para retomar la iniciativa, pero su capacidad de movilización se ha reducido mucho.

En Bolivia, la derecha entabló verdaderas batallas en 2007 y 2008, después de menos de dos años de gobierno de Morales. Utilizó muchas veces la violencia y eligió una estrategia de batallas frontales en 2008. La victoria de Evo Morales en el referéndum revocatorio de agosto de 2008, con el 67,43 % de los votos [3], no condujo a una reducción de la violencia de la derecha. Por el contrario, esta violencia fue in crescendo durante varias semanas después de su fracaso en el referéndum, especialmente porque se sentía capaz de reunir una mayoría en varios departamentos clave del este del país. La muy fuerte reacción del gobierno y la movilización popular frente al asesinato de partidarios de Evo Morales en el departamento de Pando (unido a la condena internacional, en particular por UNASUR, que se reunió de manera extraordinaria en septiembre de 2008 para aportar su apoyo al gobierno constitucional) acabaron en un armisticio (provisorio). Después de un año de boicot, la derecha se comprometió a aceptar la organización de un referéndum sobre la nueva Constitución, que desembocó en una nueva victoria de Morales a fines de enero de 2009, ya que fue aprobada por el 62 % de los votantes.

Retorno sobre los enfrentamientos en Bolivia en 2008

En el año 2008 el gobierno de Evo Morales tuvo que hacer frente a la violenta oposición de una derecha que representa los intereses de la clase capitalista local (industriales, grandes terratenientes y grupos financieros), vinculada a los intereses de transnacionales privadas que explotan los recursos naturales (petróleo gas, diversos minerales). El vicepresidente, Álvaro García Linera, presentó en una entrevista [4] una visión estratégica de este enfrentamiento. Parte del hecho comprobado de que la derecha, negándose a aceptar su posición de fuerza política minoritaria optó por la secesión de los ricos departamentos orientales [5]. Describe a continuación la política seguida por el gobierno, que rechazó repetidamente el enfrentamiento antes de recurrir a la fuerza. He aquí algunos párrafos destacables de la entrevista:

«La derecha no estaba dispuesta a ser incluida en el proyecto nacional-popular como fuerza minoritaria y dirigida, y optaba por la conflagración territorial La lucha por el poder se acercaba al momento de su resolución bélica o última, en la medida en que en última instancia, el poder del Estado es coerción. A esto es que denominamos “punto de bifurcación”, o momento en que la crisis de Estado, iniciada ocho años atrás, se resuelve ya sea mediante una restauración del viejo poder estatal o bien mediante la consolidación del nuevo bloque de poder popular. […]

»Tras los resultados del referéndum aprobatorio en agosto, el bloque cívico-prefectural [es decir la derecha, nota del autor] inició su escalada golpista: toman las instituciones, esperamos; atacan a la policía, esperamos; destruyen y saquean las instituciones públicas en cuatro departamentos, esperamos; desarman a soldados, esperamos; toman aeropuertos, esperamos; destruyen ductos, esperamos. Ellos mismos se lanzan desbocados a un callejón sin salida.[…]»

Y viene Pando…

«El prefecto desata la masacre de Pando [6] en un intento de dar una señal de escarmiento a los líderes populares… y este acto colma la tolerancia de la totalidad de la sociedad boliviana. La masacre de campesinos igualará a los prefectos con su mentor, Sánchez de Losada [el presidente derrocado en octubre de 2003 par la ira popular] o García Meza [7], y pondrá en manos del Estado la obligatoriedad de una intervención rápida, contundente, en defensa de la democracia y la sociedad. Y sin dudar un solo segundo, se lo hará en el eslabón más débil de la cadena golpista, Pando. Se tratará del primer estado de sitio en la historia boliviana dictado en defensa y protección de la sociedad, encontrando el pleno apoyo de la población, horrorizada por la acción de los golpistas. Esto, sumado al rechazo internacional de los golpistas, detendrá en seco la iniciativa cívico-prefectural, dando lugar a su repliegue desordenado. Es el momento de una contraofensiva popular, cuya primera línea de acción serán las organizaciones sociales y populares del propio departamento de Santa Cruz [8]. No sólo campesinos y colonizadores [9] se movilizaron, sino también pobladores de los barrios plebeyos de Santa Cruz y especialmente jóvenes urbanos, quienes, en memorables jornadas de resistencia a las bandas fascistas, defenderán sus distritos y quebrarán el dominio clientelar de las logias cruceñas.

»La contundencia y la firmeza de la respuesta político-militar del gobierno contra el golpe, sumada a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz, creó una articulación virtuosa social-estatal pocas veces vista en la historia política de Bolivia. Esa era la dimensión y la extensión general del “ejército” y las “divisiones movilizadas” en contra del golpe. Esa era la fuerza de choque que el proyecto indígena-popular desplegaba para el momento definitorio de fuerza. La derecha evaluó sus fuerzas de choque aisladas y en desbandada, comprobó la voluntad política del mando indígena-popular que estaba dispuesto a todo y prefirió abdicar de sus propósitos y rendirse. De este modo, se cierra el ciclo de la crisis estatal, de la polarización política y se impondrá, en una medición bélica de fuerzas sociales, la estructura duradera del nuevo Estado.»

García Linera prosigue estableciendo un paralelo histórico:

«Una cosa parecida sucedió el año 1985[10], cuando los mineros, que eran el núcleo del Estado nacionalista, se rindieron ante las divisiones del ejército que resguardaban el proyecto neoliberal. Hoy le tocó al bloque empresarial-terrateniente asumir la derrota y dar paso a la nueva correlación de fuerzas políticas de la sociedad. A su modo, septiembre-octubre del 2008 tendrá el mismo efecto estatal que la derrota de la “marcha por la vida” de los mineros de 1986. Sólo que ahora será el bloque plebeyo el que festejará la victoria y las elites adineradas tendrán que asumir su derrota histórica. […]».

Hasta aquí, García Linera desarrolla un punto de vista optimista sobre la derrota política de la derecha, pero más adelante en la entrevista, él mismo señala que a ésta no le faltan puntos de apoyo para reaccionar y tratar de recuperar la iniciativa para acabar con la experiencia de izquierda en curso:

«La burguesía rentista e intermediaria ya no tiene a las empresas petroleras como generosas financistas de sus ingresos. La red clientelar agraria que los rentistas de la tierra crearon en el ámbito agroindustrial se ha debilitado enormemente con la presencia de la empresa estatal de alimentos EMAPA, y la presencia pública en la cadena soyera, triguera, arrocera llega entre un 20 a un 30 % del total de la producción. Pero aún el bloque opositor irreductible conserva otros espacios importantes de poder agrario[11], comercial y financiero, y eso le da a la larga capacidad de agregación, presión y confrontación. Pero hoy, y eso puede durar unos años, lo que no tiene es un proyecto de Estado; cuánto tiempo no lo tendrá, quién sabe, pero tiene un proyecto de tratar de impedir que siga avanzando el proyecto popular. A diferencia de las clases populares, que en 1985 son derrotadas, y materialmente son desestructuradas para dar lugar a un ciclo lento de reorganización, la derecha no. La derecha ha sufrido un golpe político, ha perdido el mando del Estado, ha perdido la capacidad de seducir estatalmente a la sociedad, pero tiene mucho poder económico todavía. Es distinta la forma de consolidación del punto de bifurcación cuando es el sector popular el derrotado, política y materialmente, que cuando se trata del sector empresarial, porque puede perder en lo político pero conserva poder económico que le permite tener poder de veto permanente.»

Reivindicaciones de los pueblos indígenas originarios [12] y progresos en la Constitución de 2009

Para entender el proyecto político indigenista defendido por importantes organizaciones relacionadas con el MAS, el partido que llevó a Evo Morales a la presidencia de Bolivia, hay que remitirse al Pacto de Unidad, hecho público en septiembre del 2006 para preparar la Asamblea Constituyente.

Autonomía:

«La autonomía indígena, originaria y campesina, en tanto que eje fundamental del proceso de descolonización y de autodeterminación, es la condición y la base de libertad de nuestros pueblos y naciones. Ella se basa en unos principios fundamentales, generadores de unidad y de articulación social, económica y política, no solamente entre nuestros pueblos y naciones, sino igualmente en la sociedad en su conjunto. Ella tiende a la construcción permanente de una vida plena entera, mediante formas propias de representación, administración y propiedad de nuestro territorio.»

Régimen de bienes raíces y territorial:

«El derecho original sobre los recursos no renovables pertenece a las naciones y los pueblos indígenas originarios y campesinos. La propiedad de los recursos no renovables, en cuanto a ella, en partes iguales a las naciones y los pueblos indígenas originarios y campesinos y al Estado unitario plurinacional.» Esta formulación está sujeta a diferentes interpretaciones. En efecto, lo que tiende a predominar en la política del gobierno de Evo Morales es la explotación de los recursos naturales por el Estado, como afirma con toda claridad el vicepresidente de la República en una reciente entrevista (véase más adelante «la explotación de los recursos petroleros de la región amazónica de Bolivia»).

Latifundio:

«[El Estado] debe distribuir las tierras de manera equitativa, garantizar los derechos y necesidades actuales y futuras de las naciones y los pueblos originarios y campesinos y velar por el bienestar del conjunto de la población.»

Educación:

«La prioridad del Estado plurinacional es dar a la educación, pilar fundamental, un carácter intracultural, intercultural, pluricultural y plurilingüe, en todos los escalones y bajo diversas formas; conforme con la diversidad étnica y lingüística del país, la enseñanza y la administración utilizarán prioritariamente la lengua indígena, el español después como lengua de comunicación intercultural.»

El Pacto de Unidad reclama también la coexistencia de los sistemas jurídicos indígenas originarios y campesinos con el sistema jurídico occidental y la creación de un cuarto poder independiente del Estado: el poder social instituyente alternativo que encuentra su fuente en los movimientos sociales. El tema del poder social plurinacional fue ampliamente debatido, en tanto que «cuarto poder» de carácter civil y corporativo (sus miembros serían elegidos por los usos y costumbres y por sufragio universal).Tendría como atribución «velar y controlar» los poderes del Estado y la facultad de sancionar, manteniéndose independiente de los mismos —un idea que finalmente no fue recogida en la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE)—.

La nueva Constitución, aprobada finalmente en enero del 2009 en referéndum constitucional por el 62 % de los votos, constituye un adelanto para los pueblos indígenas y originarios. Esta Constitución garantiza, entre otras cosas, el reconocimiento de las lenguas indígenas, el reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas al ejercicio de su propio sistema político, jurídico y económico, el establecimiento de territorios «indígenas originarios campesinos» dotados de competencias en términos de definición de la forma propia de desarrollo, de la administración de la justicia indígena, de la gestión de los recursos naturales renovables, etc. Estos derechos están garantizados en varias partes de la Constitución. A continuación la versión integral de la Parte I, Título II, Capítulo 4 de la nueva constitución boliviana:

DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS

Artículo 30.

I. Es nación y pueblo indígena originario campesino, toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesino gozan de los siguientes derechos:

1. A existir libremente.

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.

4. A la libre determinación y territorialidad.

5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.

7. A la protección de sus lugares sagrados.

8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan[13].

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

Artículo 31. I. Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.

II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.

Artículo 32

El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Fin del Recuadro

La prueba del poder para el MAS

El partido del presidente Evo Morales, el MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos) tiene la particularidad de haber sido creado, a finales del los años 90, por organizaciones sindicales campesinas [14]. En lo que respecta a la naturaleza social del MAS, Pablo Stefanoni [15] se pregunta actualmente si no sería más interesante estudiar este movimiento político en tanto que partido de pequeños propietarios rurales y urbanos (comerciantes, pequeños empresarios) de origen indígena. Desde este punto de vista se modifica la comprensión de esta organización política, vista hasta aquí como una emanación de los movimientos sociales de los más oprimidos. En efecto, se trata de pequeños propietarios, que sería un error marginar, pues encajan perfectamente en un proceso de construcción de una sociedad alternativa a la capitalista, una sociedad de transición hacia el socialismo. Stefanoni plantea otra pregunta que profundiza el interrogante: «La acumulación familiar —rebautizada “capitalismo andino”— ¿no se basa de todos modos en formas de explotación y autoexplotación de los menos iguales, generalmente peores, que las que prevalecen en el capitalismo formal, regulado por el derecho del trabajo?» [16]

Disponiendo desde el año 2006 de una mayoría en la Cámara de diputados, el MAS ha afrontado el ejercicio del poder político. Con el tiempo, como todo partido de izquierda que hace el ejercicio concreto de la participación en las instituciones parlamentarias y en el gobierno, se produce una evolución. El MAS no es una excepción. Como dice claramente Stefanoni, el razonamiento de cierto número de militantes cambia: «de la política debe servir para cambiar el país», se pasa a «¿por qué no tengo derecho a un cargo, cuando he hecho campaña y me he batido para que el MAS gane?». Es esto tan frecuente por que, según una regla de funcionamiento del MAS, los candidatos pagan ellos mismos los gastos de su campaña electoral, lo que significa que cierto número de ellos (¿la mayoría?) se endeuda para poder emprender una campaña que le permita tener posibilidades de ser elegido [17]. En ciertos casos, también se comprometen a fin de asegurar los apoyos. Esto propicia el clientelismo, que ya impregnaba la vida política del país.

Cuando el MAS, accedió al gobierno, proclamó que rompía con una tradición que quería que el partido victorioso despidiera a un buen número de funcionarios para reemplazarlos por sus miembros o sus protegidos/clientes. Fijó el máximo de los reemplazos en un nivel muy bajo, el 5 % de funcionarios, a fin de garantizar la institucionalización no partidaria de la función pública. Esta decisión ha sido difícilmente aceptada por una parte de los militantes, que esperaban que su esfuerzo durante la campaña electoral o en la lucha fuera recompensado con puestos de trabajo. Finalmente, la dirección del MAS flexibilizó su posición y fue más allá del límite del cinco por ciento.

En enero del 2007, estalló un escándalo en La Paz: ciertos militantes del MAS se hicieron pagar su apoyo a unos candidatos funcionarios. Pero esto no adquirió proporciones masivas. A principios del 2009, un segundo escándalo causó mas daño: Santos Ramírez, dirigente histórico del MAS [18] que había estado al frente de la empresa petrolera pública YPFB, fue descubierto en flagrante delito de corrupción a gran escala. El MAS en el gobierno reaccionó con firmeza a fin de dar el ejemplo. Santos Ramírez fue arrestado a la espera de su proceso. El MAS demostró a la sociedad que aunque alguno de sus dirigentes no estén inmunizados contra la corrupción, el partido rompía con la tradición de impunidad de los mandatarios políticos y era favorable a su condena en caso de delito. Dicho esto, el escándalo Santos Ramírez provocó una verdadera conmoción, que dejará secuelas [19].

Morales, inmediatamente después de acceder a la presidencia, tomó una medida ejemplar a fin de demostrar que ponía fin a los privilegios: redujo su propio sueldo. Evidentemente, esto fue muy bien visto por la población, con toda razón. La medida implicaba así mismo la rebaja de los sueldos de los demás mandatarios, pues era inconcebible que éstos ganaran más que el presidente y no dieran el mismo ejemplo rechazando sus privilegios. Luego el gobierno creyó oportuno flexibilizar su posición para permitir que los directivos de las empresas públicas percibieran altas retribuciones. Están autorizados a ganar más que el presidente de la República. Álvaro García Linera, quien justifica esta decisión, la denomina la NEP boliviana, haciendo referencia a la NEP aplicada por recomendación de Lenin a principios de los años 20 en la Rusia soviética [20].

Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, aboga por un «capitalismo andino-amazónico»

García Linera es partidario del desarrollo de un capitalismo andino-amazónico en el cual el Estado desempeña un papel clave. Sin deformar la propuesta, se puede considerar que el vicepresidente boliviano es partidario de una forma andino-amazónica de capitalismo de Estado. De modo metafórico, utilizando la imagen del tren, describe con claridad la jerarquía de actores de este modelo: «Es que el Estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la síntesis de la voluntad general y el que planifica el marco estratégico y el primer vagón de la locomotora. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto, la economía campesina y el sexto, la economía indígena. Éste es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país.»[21]. La perspectiva abierta por Álvaro García Linera es claramente diferente u opuesta a un auténtico socialismo del siglo XXI. Hay que reconocer que no lo oculta con rimbombantes frases socialistas. Su proyecto corresponde a uno de los posible guiones para el futuro.

Stefanoni atribuye a Evo Morales una perspectiva cercana o idéntica a la de su vicepresidente:

«Lejos de alentar la lucha de clases en su acepción marxista, Evo Morales reactualiza los clivajes ya mencionados —nación/antinación, pueblo/oligarquía— y promueve de hecho una nueva “alianza de clases” —sin utilizar para ello ese término, que recuerda los años 50. Una alianza que incluye los “empresarios patriotas” y los “militares nacionalistas” para construir un “país productivo y moderno”, gracias a los beneficios de los recursos naturales “recuperados por el Estado”. Lo esencial del programa económico gubernamental se basa así en la modernización/industrialización de una economía atrasada, bajo la dirección de un Estado fuerte que reemplace a una inexistente burguesía nacional.» [22]

Esto nos lleva a las antípodas de las numerosas posiciones adoptadas por Evo Morales en otros países y en los foros internacionales cuando denuncia el sistema capitalista y declara que hay que desembarazar de éste al planeta.

Por otra parte, García Linera cuestiona cierta visión «ongista» [23]:

«[Las] visiones de un mundo indígena con su propia cosmovisión, radicalmente opuesta a Occidente, es típica de indigenistas de último momento o fuertemente vinculados a ONG, lo cual no quita que existan lógicas organizativas, económicas y políticas diferenciadas. En el fondo, todos quieren ser modernos. Los sublevados de Felipe Quispe, en el año 2000, pedían tractores e Internet. Esto no implica el abandono de sus lógicas organizativas, y se ve en las prácticas económicas indígenas. El desarrollo empresarial indígena tiene una lógica muy flexible. Le apuesta a la acumulación pero nunca lo arriesga todo en la acumulación. Primero trabajo solo, con mi entorno familiar, núcleo básico último e irreductible, me va bien, contrato personas y sigo trabajando, me va muy bien, contrato más personas y dejo de trabajar, me va mal, vuelvo al segundo piso, me va muy mal, vuelvo al mundo familiar donde soporto todo. Nunca se acaba de romper con la lógica familiar… Quieren modernizarse pero lo hacen a su manera. Pueden exportar, globalizarse, pero el núcleo familiar sigue siendo la reserva última, que es capaz de sobrevivir a pan y agua. Cuando crece la actividad económica a 10, 15 trabajadores, en lugar de avanzar a 30 o 40, 50, paran, surge otra empresita, del hijo, del cuñado, hay una lógica de apostarle nunca a una sola cosa. Distinto a una acumulación más racional, weberiana, con economías de escala, más innovación tecnológica. En este caso, la familia nunca es el sustento último de la actividad productiva, es un sustento de los vínculos, de las redes, de mercados, lógicas matrimoniales… Hay una lógica propia del mundo indígena pero no es una lógica antagonizada, separada, con la lógica “occidental”. Quienes han participado de los últimos movimientos fácilmente se dan cuenta de eso.» [24]

La explotación de los recursos petroleros de la región amazónica de Bolivia

De un modo coherente, con respecto a la perspectiva de un «capitalismo “andino-amazónico”», García Linera se manifiesta, en la entrevista que sigue, a favor de la explotación de los recursos petroleros de la región amazónica. También aquí defiende una realpolitik apartada del frecuente discurso ecologista del presidente boliviano.

«En el caso de la exploración de gas y petróleo en el Norte paceño, lo que buscamos es producir hidrocarburos para equilibrar geográficamente las fuentes de riqueza colectiva de la sociedad, generar excedente estatal y simultáneamente preservar el entorno espacial en coordinación con las comunidades indígenas. Hoy no estamos abriendo paso en el norte amazónico para que entre Repsol o Petrobras. Estamos abriendo paso en la Amazonía para que entre el Estado. […] ¿Es obligatorio sacar gas y petróleo del norte amazónico de La Paz? Sí. ¿Por qué?, porque necesitamos equilibrar las estructuras económicas de la sociedad boliviana, porque el rápido desarrollo de Tarija [25] con el 90 % del gas va a generar desequilibrios a largo plazo. […] ¿Si las comunidades dicen que no igual el Estado va a entrar? Aquí viene el debate, ¿qué ha pasado? Cuando hemos consultado a la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz), nos ha pedido que vayamos a negociar a Bruselas con su buffet de abogados y que respetemos unos enunciados medioambientalistas publicados por USAID. ¿Cómo es eso? ¿Quién está impidiendo que el Estado explore petróleo en el norte de La Paz: las comunidades indígenas Tacanas, una ONG, [26] o países extranjeros? Por ello, hemos ido a negociar comunidad por comunidad y allí hemos encontrado el apoyo de las comunidades indígenas para llevar adelante la exploración y explotación petrolera. El gobierno indígena-popular ha consolidado la larga lucha de los pueblos por tierra y territorio. En el caso de los pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, el Estado ha consolidado millones de hectáreas como territorialidad histórica de muchos pueblos de pequeña densidad demográfica; pero junto al derecho a la tierra de un pueblo está el derecho del Estado, del Estado conducido por el movimiento indígena-popular y campesino, de sobreponer el interés colectivo mayor de todos los pueblos. Y así vamos a proceder hacia delante.» [27]

Esta posición adoptada no deja de recordar las diferencias políticas que se manifiestan en Ecuador entre Rafael Correa, por una parte, afín a las posiciones de García Linera, y, por la otra, la CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador) y la ONG Acción Ecológica. Correa criticó en repetidas ocasiones las posiciones de los «izquierdistas» y de los «ecologistas radicales» que se oponen a la explotación de los recursos naturales del país. De todos modos, a pesar de estas críticas, la posición oficial del gobierno y del presidente ecuatoriano consiste hasta ahora en proponer a la comunidad internacional no emprender la explotación del petróleo que se encuentra en el territorio Yasuni, situado en la Amazonia ecuatoriana [28]. Alberto Acosta (ex presidente de la Asamblea Constituyente en 2008 y miembro del mismo partido que Rafael Correa, pero defensor de posiciones sensiblemente distintas en varios temas) es uno de los grandes promotores y defensores de la propuesta ecuatoriana [29].

Es lógico plantearse las siguientes preguntas: al tratar de convencer, en nombre del «bloque indígena-popular» (según la expresión de García Linera), a los pueblos amazónicos de que acepten la explotación de los recursos no renovables del subsuelo de los territorios ancestrales que ocupan, ¿no se inscribe el gobierno de Evo Morales en la prosecución de un modelo extractivo productivista? Un gobierno de derecha ¿no habría tenido que afrontar una resistencia popular muy fuerte de los pueblos indígenas si hubiese querido explotar en su territorio el petróleo de la Amazonia boliviana? Si dentro de algunos años la derecha volviera al poder, ¿no reduciría radicalmente las concesiones que el poder central ha otorgado a los pueblos originarios cuando quiso obtener el derecho de explotar los recursos de sus territorios? En ese caso, ¿no habría sido mejor para los pueblos originarios indígenas rechazar la explotación industrial de los recursos naturales no renovables?

Notas:

[1] Sobre la elección de Evo Morales a la presidencia de la república y sus dos primeros anos de mandato presidencial, ver Eric Toussaint, “Bolivia: avances sobre los bienes comunes y la reforma constitucional”. http://www.cadtm.org/Bolivia-avances-sobre-los-bienes

[2] El referéndum revocatorio constituyó una verdadera derrota para la derecha, ya que Chávez fue plebiscitado con un 59,10 % de sufragios a favor (5.800.629 votos), o sea una diferencia de 1.810.000 votos con los que decían sí a la revocación. http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_presidencial_de_Venezuela_de_2004

[3] http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_revocatorio_de_Bolivia_de_2008 y http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Externos/ResultadosRefRevBolivia.pdf

[4] La entrevista fue realizada por Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Ricardo Bajo. Se tituló «La derecha no ha sido aún derrotada en el plano económico». El texto completo se publicó en el excelente número de Alternatives Sud, CETRI, dedicado a Bolivia, «La Bolivia d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste?, Vol. XVI, 2009/3, Lovaina-la-Nueva, http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119〈=fr

[5] Los departamentos orientales, que forman la Media luna, son Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En conjunto, representan el 36 % de la población del país y el 45 % del PIB.

[6] Unos quince campesinos fueron asesinados y otras decenas resultaron heridos el 11 de septiembre de 2008 en El Porvenir, provincia de Pando. Su prefecto, Leopoldo Fernández, uno de los mascarones de proa de la oposición de derecha, directamente implicado en la masacre, está en prisión por disposición del poder central.

[7] Dictador que tomó el poder por un sangriento golpe de Estado el 17 de julio de 1980 a la cabeza de un grupo de militares relacionados con el narcotráfico y con el apoyo de la junta militar argentina. El año que se mantuvo en el poder estuvo marcado por un auténtico terror, con cerca de 500 asesinatos y 4.000 encarcelados. Uno los asesinados en el putsch fue el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien había participado en la iniciativa del proceso contra el ex-dictador Hugo Banzer. El 15 de enero de 1981 tuvo lugar el asesinato de ocho dirigentes de la dirección clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

[8] El departamento de Santa Cruz constituye el epicentro de la reacción de la derecha.

[9] Los colonizadores son campesinos que ocuparon de nuevos terrenos, ya sea en el marco de la política de colonización promovida par el Estado en los años 30, o bien en el marco de movimientos de población autoorganizadas. Es el caso de las familias que emigraron a la provincia del Chapare, en el departamento de Cochabamba, para cultivar coca. En una primera etapa provenían del altiplano pero luego, a partir del plan de ajuste estructural aplicado en 1985, de las regiones mineras de Oruro y Potosí a causa del cierre de las minas y la consiguiente pérdida de empleo. La familia de Evo Morales era una de estas familias campesinas que dejaron las altas mesetas, áridas y frías, para asentase en las tierras cálidas y húmedas de baja altitud del Chapare. De todos modos, como se ha dicho antes, si bien los cocaleros son efectivamente parte de los colonizadores, éstos no se reducen a los cultivadores de coca. Así, aunque en la movilización contra Santa Cruz participaron los cocaleros del Chapare, fueron sobre todo colonos campesinos de la zona de San Julián los que estuvieron en primera línea.

[10] Muy afectada por la crisis de la deuda que estalló en 1982, Bolivia fue sometida a un plan neoliberal de choque a partir de 1985: privatización de las minas y del petróleo, reducción masiva de salarios y de empleos, apertura económica forzada, reducción del gasto público. El autor intelectual de este plan de ajuste estructural fue el economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien a continuación concibió el plan de choque aplicado en Rusia y luego se convirtió en un partidario de la anulación de la deuda de los países pobres, en particular de los países del África subsahariana..

[11] Según Charles André Udry, en los departamentos de Beni y Santa Cruz, 14 familias poseen 312.966 hectáreas. Una parte de estas tierras no se explotan. Estas familias son, desde hace largo tiempo, pilares de los partidos de la derecha más dura. Actualmente, estas familias —que se apropiaron del suelo entre 1953 y 1992, en particular durante los regímenes dictatoriales militares— se suman a las barricadas contra la aplicación de la reforma agraria.. (“Réforme agraire et réappropriation territoriale indigène”, http://risal.collectifs.net/spip.php?article2017)

[12] Los pueblos autóctonos bolivianos son generalmente designados como «originarios» en los Andes e «indígenas» en la Amazonia. La nueva Constitución boliviana erige como sujeto de derecho las poblaciones «indígenas originarias campesinas» cuando se trata de dotar a las comunidades rurales de derechos colectivos.

[13] Hay que señalar que si bien la consulta de las poblaciones afectadas por la explotación de los recursos naturales no renovables es obligatorio (lo cual es positivo), ¡su resultado no es vinculante!

[14] Las organizaciones sindicales participantes del MAS son la CSUTCB (Confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia), la CSCB (Confederación sindical de colonizadores de Bolivia) y la CNMCIOB-«BS» (Confederación nacional de mujeres campesinas, indígenas y originarias de Bolivia – «Bartolina Sisa». A partir de 1988, la CSUTCB, principal confederación sindical campesina boliviana (que agrupa en su seno a una parte de los «cocaleros») se pronunció a favor de la construcción de un instrumento político propio de los sindicatos. Los sindicalistas, después de haber comprobado que no llegaban a obtener un cambio político en el nivel gubernamental, dijeron que tenían que dotarse de un brazo político a fin de estar presentes en el Parlamento y en todos los niveles del poder, pasando por la participación en las elecciones. A finales de los años 90, Evo Morales y sus partidarios lanzaron el MAS-IPSP en la línea de la orientación adoptada en 1988, concerniente a la creación de un instrumento político del movimiento social. Con el correr del tiempo, el MAS llegó a ser la fuerza política de izquierda más importante, aunque también otras experiencias políticas se desarrollaron en la misma orientación de la CSUTCB, en particular el MIP (Movimiento indígena Pachakuti), de Felipe Quispe, sin hablar de numerosos partidos de izquierda que tienen un origen más antiguo. Felipe Quispe participó junto con Álvaro García Linera, actual vicepresidente de la República, en la guerrilla katarista EGTK y fue secretario ejecutivo de la CSUTCB.

[15] Pablo Stefanoni es coautor con Hervé Do Alto del libro Evo Morales, de la coca al Palacio (Malatesta, La Paz, 2006).

[16] Pablo Stefanoni, «L’Indianisation du nationalisme ou la refondation permanente de la Bolivie», in «La Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste?», Alternatives Sud Vol. XVI, CETRI, Lovaina-la-Nueva, 2009/3. http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119〈=fr . Escribe: «El gobierno actual replanteó la flexibilización del trabajo aprobada en los años 90 —en particular el “despido libre”—, pero estas reglas no rigen las economías familiares e informales, que son las que predominan en ciudades enteras, como El Alto, vecina a La Paz, con cerca de un millón de habitantes. […] La superioridad de la cosmovisión indígena [una pantalla que oculta a menudo prácticas corporativistas o de unas identidades culturales profundamente arraigadas] sobre la cosmovisión liberal es apenas debatida y la voluntad de destacar la dimensión étnica de la opresión casi ha hecho desaparecer su dimensión de clase. No es una casualidad que los avances en materia de derechos del movimiento obrero sean escasos o nulos.»

[17] De hecho, esta regla cierra el acceso a los más pobres a la candidatura a un cargo de diputado, de senador o de miembro de la Asamblea Constituyente. En realidad, no es raro ver que, en el momento de confeccionar las listas electorales, dirigentes sindicales bien preparados en cuanto a su formación política, tengan que ceder su lugar a unos intelectuales de clase media o pequeños empresarios, con un mayor capital económico.

[18] Según García Linera, Santos Ramírez podía pretender ser el sucesor de Evo Morales como candidato del MAS a la presidencia de la República.

[19] Véase Hervé Do Alto, «“¿Más de lo mismo” o ruptura con los “tradicionales?” Bolivia y el MAS: un caso de democratización paradójico», Le Monde diplomatique, (Edición boliviana), nº 11, febrero de 2009.

[20] «De ahí que hayamos tenido que aprobar una ley que habilite salarios más elevados que el del presidente para cuadros técnicos de empresas estratégicas. Es nuestra forma local de la NEP leninista (Nueva Política Económica, en la Rusia posrevolucionaria). El objetivo de la NEP, además de la alianza con los campesinos, era fundamentalmente reclutar técnicos para administrar los niveles subalternos del Estado, habida cuenta de que si bien el Estado es una estructura política, tiene niveles burocrático-administrativos y técnico-científicos que requieren conocimientos y saberes que no pueden ser adquiridos ni transformados rápidamente. Lenin, para terminar la catástrofe económica que se dio inmediatamente después de la revolución, tuvo que recontratar a los técnicos del antiguo Estado, hasta crear gradualmente una administración más simple. E instruyó: debajo de cada técnico pongan un joven que aprenda, y nosotros estamos haciendo lo mismo. Ya lo iniciamos en el 2006: se cambia la organización y las personas de los niveles decisionales de la administración publica (ministros, viceministros y algunos directores), pero no se toca la estructura secundaria de la administración estatal del Estado, hasta formar cuadros estatales, jóvenes, que sustituyan a los antiguos cuadros.» in Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Ricardo Bajo, entrevista a Álvaro García Linera, «La derecha aún no fue derrotada económicamente».

[21] In Ortiz P. (2007), «Fue un error no liderar el pedido autonómico» (entrevista a Álvaro García Linera), El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 21 de enero de 2007. http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-01-21/vernotaaldia.php?id=512

[22] Pablo Stefanoni in «L’Indianisation du nationalisme ou la refondation permanente de la Bolivie», in Alternatives Sud, «La Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste?» Vol XVI -2009/3, Lovaina-la-Nueva, http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119〈=fr

[23] Neologismo para designar lo relacionado con el mundo de las ONG.

[24] In Svampa M., Stefanoni P. (2007), «Evo simboliza el quiebre de un imaginario restringido a la subalternidad de los indígenas», (entrevista a Álvaro García Linera), in Monasterios K., Stefanoni P. y Do Alto H. (dir.), Reinventando la nación en Bolivia, CLACSO-Plural, La Paz,

[25] El prefecto de la provincia de Tarija es parte de la oposición de derecha en compañía de los prefectos de las provincias de Santa Cruz, Beni y Pando.

[26] En el caso de Bolivia, sin embargo, tal discurso de franca oposición a las ONG es tanto más chocante cuando se muestra en total contradicción con la propia composición del gobierno, donde los ministros han salido en su mayoría de los cuadros de este tipo de instituciones. Entre ellas, el CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos y de Investigaciones Sociales), reconocido por los movimientos indígenas de Oriente como un apoyo indefectible en la reconquista por los pueblos autóctonos de sus prerrogativas sobre sus territorios ancestrales. Algunos pesos pesados del equipo de Morales han hecho en ellas su formación, como Carlos Romero, actualmente ministro de las Autonomías.

[27] Entrevista realizada por Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Ricardo Bajo titulada: «La derecha no ha sido aún derrotada en el plano economico». Traducción Denise Comanne y Eric Toussaint. Alternatives Sud, «La Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste»?, Vol XVI -2009/3, Lovaina-la-Nueva.

[28] Rafael Correa ha defendido varias veces esta posición en las reuniones de las Naciones Unidas así como en otras instancias internacionales. Esta propuesta, conocida como el proyecto ITT (siglas del nombre de sendas perforaciones de exploración en la zona: Ishpingo-Tambococha-Tiputini), es una de las iniciativas del gobierno ecuatoriano con el fin de luchar contra el cambio climático. Se trata de la no explotación de unos 850 millones de barriles de petróleo en la zona del parque Yasuní, reserva natural cuya biodiversidad es una de las más importantes del mundo. La explotación de un petróleo pesado podría reportar al Estado entre 5.000 y 6.000 millones de dólares (al precio de unos 70 dólares el barril).

[29] Véase una entrevista sumamente importante a Alberto Acosta realizada por Matthieu Le Quang titulada «Le projet ITT: laisser le pétrole en terre ou le chemin vers un autre modèle de développement», http://www.cadtm.org/Le-projet-ITT-laisser-le-petrole. En castellano, «La moratoria petrolífera en la Amazonia ecuatoriana, una propuesta inspiradora para la Cumbre de Copenhague», http://www.cadtm.org/La-moratoria-petrolifera-en-la. Alberto Acosta da su versión sobre el origen del proyecto y presenta un gran número de factores contradictorios que intervienen en su concreción.

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La operación Cóndor sigue vigente…

TeleSUR _ 03/09/2009

La Operación Cóndor -llamada también Plan Cóndor u Operativo Cóndor- fue un esquema multinacional de eliminación de dirigentes de la izquierda suramericana ideado y ejecutado por Estados Unidos y las dictaduras del Cono Sur de América (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) que alcanzó su clímax en la década de 1970. Pero sigue vigente y multiplicada claro que con otros nombres y en diferentes latitudes.

Cóndor introdujo y multiplicó en la región episodios tan crueles como el secuestro y asesinato en París del dirigente marroquí Mehdi Ben Barka, uno de los organizadores de la Conferencia Tricontinental de La Habana de 1966, quien pereció en 1965 en una criminal operación de inteligencia en la capital francesa. (1) Pareciera que todo esto pertenece al pasado, pero los grandes medios informativos ocultan que Estados Unidos lleva a cabo una suerte de Nueva Operación Cóndor planetaria, con secuestros, ejecuciones secretas, centros de tortura ilegales como Guantánamo y prisiones clandestinas flotantes y en tierra firme en diferentes lugares del mundo.

Cóndor practicó secuestros y asesinatos “estilo Ben Barka” en todo el Cono Sur, e incluso sus tentáculos a menudo llegaron más lejos, como en el bombazo al automóvil del ex canciller y ex ministro de defensa del Dr. Salvador Allende, Orlando Letelier del Solar, muerto por orden de Augusto Pinochet el 21 de septiembre de 1976, en Washington DC, en las narices de la Casa Blanca, la CIA y el FBI. El asesino principal fue el estadounidense Michael Townley, quien manufacturó el ingenio explosivo electrónico secundado por un equipo de terroristas de origen cubano como Dionisio Suárez Esquivel y los hermanos Ignacio y Guillermo Novo Sampoll, entre otros secuaces de Luis Posada Carriles, quienes gozan hoy de libertad e impunidad para fraguar más crímenes. (2)

Sólo en Buenos Aires, la Operación Cóndor secuestró, dio muerte y/o desapareció a notables personalidades exiliadas en Argentina, como el general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia muerto el 2 de junio de 1976 por órdenes del dictador Hugo Bánzer Suárez, y cuyos restos debieron trasladarse a México para recibir allí honras fúnebres. Otra víctima fue el ex comandante en jefe del ejército chileno bajo Salvador Allende, general Carlos Prats González, asesinado por bomba el 30 de septiembre de 1974 junto a su esposa Sofía Cuthbert, por orden del dictador Augusto Pinochet. La bomba fue instalada por el mismo individuo que dio muerte a Letelier, el agente CIA-DINA (Dirección Nacional de Inteligencia de Chile) Michael Townley. Pero la Operación Cóndor también secuestró, trasladó secretamente de un país a otro, torturó y exterminó a numerosos dirigentes de menor relevancia, e incluso simples militantes políticos, como los uruguayos Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw, entre muchos más.

Cóndor también dio cobertura mediática a asesinatos secretos cometidos en Chile por la DINA, que dirigía Manuel Contreras, un militar cercano a Pinochet hoy preso, como ocurrió con 119 hombres y mujeres detenidos y desaparecidos cuyo trágico destino fue “blanqueado” en 1975 por dos publicaciones de prensa -revista Lea de Buenos Aires y diario O Día de Curitiba, Brasil- como si se hubieran matado entre ellos mismos, en un falso enfrentamiento de facciones chilenas rivales “en las pampas argentinas”. Esta diabólica invención conocida como “El Caso de Los 119” involucró a medios de prensa -grandes diarios, estaciones de televisión, radios y agencias informativas internacionales- y a periodistas chilenos que publicaron la falsa “noticia” y participaron en la farsa, llamada “Operación Colombo”, un montaje de Cóndor que fue divulgado como un hecho auténtico en todo el mundo.

Masacre de latinoamericanos

También en Buenos Aires, por instrucciones del entonces presidente de Uruguay Juan María Bordaberry, los agentes Cóndor secuestraron el 18 de mayo de 1976, y más tarde asesinaron, al senador y periodista uruguayo Zelmar Raúl Michelini Guarch, plagiado simultáneamente con su amigo Héctor Gutiérrez Ruiz, ex presidente de la Cámara de Diputados de su país, cuyos cadáveres fueron hallados juntos el 21 de mayo. El 17 de mayo de 2002, la revista uruguaya Brecha publicó testimonios hasta entonces desconocidos que describen una reunión entre Bordaberry, sus ministros de Interior y Defensa, los tres comandantes en jefe y un coronel argentino, en que se acordó la muerte de Michelini y de Gutiérrez. (3)

Margarita Michelini, hija del senador, fue secuestrada el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, recluida en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti y trasladada después en secreto a Uruguay, junto con otros 21 ciudadanos uruguayos. Margarita estuvo desaparecida cuatro meses, hasta que fue “blanqueada” y procesada por la justicia militar uruguaya ante la presión internacional. Su hermano Rafael Michelini, hoy senador (2005-2010) del Frente Amplio de Uruguay, al dar su testimonio – en 2002- en una causa que investigó el Plan Cóndor en Argentina, reveló ante el juez Jorge Urso que en octubre de 1976 el entonces coronel uruguayo Nino Gavazzo apareció en su casa para mostrarle que en el asiento trasero de su automóvil estaban con vida su hermana Margarita y su marido, Ricardo Altuna.

El senador Michelini hijo aseguró también que el ex presidente uruguayo Jorge Batlle (2000-2005) le reveló que María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, nuera del periodista y escritor argentino Juan Gelman, casada con su hijo Marcelo Gelman, fue secuestrada con su esposo en Buenos Aires cuando tenía 8 meses de embarazo. Trasladada clandestinamente a Uruguay, María Claudia dio a luz en cautiverio, pero los militares se apoderaron de la criatura y la madre fue asesinada después por policías uruguayos. La nieta de Juan Gelman, que nació en 1976, finalmente fue encontrada por su abuelo cuando tenía 23 años. El 5 de junio de 2000 se conoció el resultado de una prueba ADN que permitió el cambio legal de su identidad, de “María Macarena Tauriño Vivian” a María Macarena Gelman García, hija de Marcelo y de María Claudia. El cuerpo de Marcelo Gelman apareció en Argentina en los años 80, cuando regresó la democracia. Todo esto ocurrió cuando gobernaba por el dictador Jorge Rafael Videla.

En su declaración ante el juez Urso, el hoy senador Michelini explicó que, además de los 22 uruguayos que fueron trasladados en julio de 1976 desde Orletti a Montevideo, entre septiembre y octubre del mismo año otros 27 ciudadanos de ese país salieron del mismo encierro bonaerense, a cargo del represor Aníbal Gordon, hacia un centro clandestino del Servicio de Inteligencia y Defensa (SID) de Uruguay, al otro lado del Río de la Plata. Reveló que tras la fuga de dos detenidos que provocó el cierre de Orletti, Gordon le pidió a Gavazzo que retuviera en Uruguay a cinco ciudadanos argentinos, entre ellos a Beatriz Saes, quien pudo haber estado embarazada. El senador reveló también que el ex jefe del ejército argentino Martín Balza, en un encuentro que sostuvieron en 1995, le reconoció que hubo coordinación entre las dictaduras del Cono Sur en la década del 70 y le aseguró que Zelmar Michelini no era un “blanco” de los represores argentinos pero que “debió haber una zona liberada para que se actuara con la impunidad con la que se actuó”. (4)

Más víctimas de Cóndor

Otra víctima chilena de esta operación transnacional fue el sociólogo chileno Jorge Isaac Fuentes Alarcón, dirigente del MIR apresado y torturado en Asunción, Paraguay, en 1975, y trasladado secretamente a Chile, donde fue visto por otros detenidos que sobrevivieron en el campo de exterminio de Villa Grimaldi, en Santiago, convirtiéndose hasta hoy en detenido desaparecido, cuyos restos jamás aparecieron. Otro chileno que sufrió una suerte parecida fue Edgardo Enríquez Espinoza, tercer hombre en la jerarquía del MIR y hermano del asesinado secretario general, detenido en 1975 al salir de una reunión en Buenos Aires. En esta acción de la Policía Federal argentina y agentes del Departamento Exterior de la DINA chilena, fueron detenidos la joven brasileña Regina Marcondes, también desaparecida, y varios otros chilenos del MIR. Enríquez fue trasladado sucesivamente a los campos de concentración argentinos El Olimpo, Campo de Mayo y a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), todos en Buenos Aires.

La dictadura chilena jamás admitió la detención de Enríquez, pero la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocida como Comisión Rettig, basada en documentos y testimonios fidedignos concluyó que el cautivo -quien gozaba de la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)- fue trasladado a Villa Grimaldi en Santiago. Esta convicción se fundamentó en un documento confidencial de la DINA dirigido a su servicio exterior con sede en Buenos Aires, que la Comisión pudo examinar, donde se señala que en fecha 23 de diciembre de 1975, o sea cuatro meses antes de su captura, la DINA ya tenía tendido el cerco alrededor del dirigente del MIR y de varios de sus colaboradores y ordena a sus agentes en el extranjero “su traslado a Chile, después de capturarlos”. Otro testimonio dio fe ante la Comisión de que efectivamente existió un mensaje por télex que dio por cumplida la misión.

La obra de Martín Almada

Cóndor ha sido el tema central de numerosos libros e investigaciones periodísticas que a través de más de dos décadas han dibujado esta monstruosa actividad transnacional. Muchas personas han participado en esta tarea, pero un hombre clave ha sido el abogado paraguayo Martín Almada, detenido y torturado por la policía paraguaya en 1974 junto con su esposa, la profesora Celestina Pérez de Almada. Tras perder a su cónyuge, que pereció en la tortura, Almada consagró su vida a los derechos humanos y llegó a descubrir en 1992 lo que hoy se conoce como el “Archivo del Terror” de Paraguay, una valiosa documentación, media tonelada de papeles oficiales sobre Cóndor. Años más tarde, siguiendo otra pista, en 2005 dio con el “Archivo del Terror II”, en Formosa, Argentina, otro tesoro documental de origen paraguayo, mantenido en depósito apenas al otro lado del río Paraguay. Por su labor, el abogado recibió el Premio Nóbel Alternativo de derechos humanos en 2002.

Almada llegó a la conclusión de que “hay más de 120 paraguayos desaparecidos en Argentina” por ordenes del dictador Alfredo Stroessner. “Hay miles de familias destrozadas que todavía no pueden elaborar sus duelos. No es el pasado lo que divide a los paraguayos sino la falta de justicia. Sin justicia el pasado es un doloroso presente”. Cuando el abogado estuvo detenido, reconoció entre sus captores a militares de otros países latinoamericanos. También supo de la prisión del chileno Jorge Fuentes y del argentino Amílcar Santucho.

El abogado paraguayo obtuvo un documento en que Manuel Contreras, siendo jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, le agradeció a Pastor Coronel, Jefe del Departamento de Investigaciones de Paraguay, la “cooperación prestada para facilitar las gestiones relativas a la misión que debió cumplir mi personal en la hermana Republica del Paraguay”, es decir, la recepción física “secreta e ilegal” del prisionero político chileno Fuentes, apresado en territorio paraguayo en compañía del argentino Amílcar Santucho, quien sobrevivió pero falleció en 1995 (Documento 00022F 0152, 25 de septiembre de 1975, Archivo del Terror).

Almada descubrió documentos demostrativos de que Contreras, siendo jefe de la DINA, invitó en octubre de 1975 al entonces jefe de Policía de Paraguay, general Francisco Britez Borges, a asistir a la fundación de la Operación Cóndor, en un cónclave secreto que ya hoy es la famosa reunión multinacional de inteligencia efectuada en Santiago de Chile entre el 25 noviembre y el 1º de diciembre de 1975, para estructurar la red Cóndor, según consta en el documento 00022F 0153 del Archivo del Terror de Paraguay.

Teoría y práctica “Cóndor”

Contreras, quien ostentaba entonces el grado de coronel, acompañó a la invitación un “paper” con sus propuestas “teóricas” para conformar la red Cóndor, a saber: “a) Fundamentos, b) Proposición, c) Países participantes, d) Sede del sistema y visión general, e) Esquema orgánico propuesto, f) Mecánica de consulta, f) Programa general, g) Programa de trabajo, h) Informaciones para los asistentes e i) Clave (Documentos 00022F 0155 al 00022F 0165). Según otro papel del Archivo del Terror descubierto por Almada (Documento 00022F 0154, Asunción, 6 de noviembre de 1975), el portador de la invitación y plan de trabajo represivo fue el coronel chileno de aviación Mario Jahm, sub director de la DINA, quien se entrevistó con el Jefe de Policía de la Capital, general Francisco Britez Borges.

Fuentes Alarcón, llamado por sus amigos “El Trosko Fuentes”, fue trasladado a Chile como si fuera un objeto. Almada citó el Informe 00048 F 19999, del 6 de junio de 1975, en que Francisco Bogado F., director de Políticas y Afines de Paraguay,”remitió al coronel Juan Ramón Escobar, comandante de la Guardia de Seguridad, al prisionero político chileno”. En otro papel del Archivo del Terror (Documento 00021F 1532, 12 de abril de 1976), el general Alejandro Fretes Dávalos, jefe del ESMAGENFA II, Departamento FF.AA., expresa lo siguiente (Pedido de Búsqueda No 11/76): “Se tiene conocimiento que el gobierno alemán habría aceptado oficialmente el ingreso a dicho país de los extremistas Amílcar Latino Santucho y Jorge Fuentes Alarcón. Sobre la liberación de los mismos, habrían presionado al gobierno de la Republica del Paraguay, las organizaciones internacionales de Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas”.

El defensor paraguayo de derechos humanos le hizo saber al juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Pinochet y a Contreras, que “según Informe No 267, del 12 de septiembre de 1978, llegó a Asunción el general Héctor Orozco Sepúlveda, Director de Inteligencia del Estado Mayor General de Chile”. Por lo tanto, razonó el jurista,”en merito a las pruebas que arrimo pido la ampliación del Sumario Criminal involucrando en el expediente a los generales chilenos Augusto Pinochet y Manuel Contreras, autores morales y materiales del ‘Operativo Cóndor’. Proveer de conformidad será un acto de estricta justicia”.

La Escuela de las Américas II

Almada, junto a otros luchadores por los derechos humanos, hoy está empeñado en que desaparezca la nueva versión de la Escuela de las Américas, un centro clave de formación de torturadores de la Operación Cóndor. Establecida en Panamá en 1946, la fatídica SOA (por su sigla en inglés), fue trasladada a Fort Benning, Georgia, en 1984, donde actualmente funciona con otro nombre. Las protestas contra esta escuela del crimen provienen también de ciudadanos estadounidenses decentes, entre otros la organización SOA Watch. El jurista Almada está pidiéndole al gobierno de Fernando Lugo que Paraguay cese de enviar soldados a la escuela de asesinato y tortura del ejército estadounidense que funciona en Georgia bajo el nombre de Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WHINSEC por su sigla en inglés), con sucursales en El Salvador y Perú. Habría que exigir lo mismo a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.

El WHINSEC prepara personal de seguridad latinoamericano en las mismas “asignaturas” de “contra insurgencia” que la Escuela de las Américas, bajo el pretexto de la lucha contra el narco tráfico. Entre los 60.000 graduados de la SOA están los responsables de la Operación Cóndor y de los mayores crímenes contra los derechos humanos en América Latina, como Hugo Bánzer Suárez de Bolivia, Leopoldo Galtieri y Roberto Viola de Argentina, sólo para citar algunos. En 1996 el Pentágono fue forzado a abandonar los manuales de entrenamiento en torturas y ejecuciones de la SOA que sus graduados de nivel inferior aplicaron en el asesinato del arzobispo Óscar Romero, de El Salvador, y la masacre de 900 civiles en EL Mozote, en ese mismo país

En un intento por desviar las críticas públicas y desasociar a la escuela de su reputación, la SOA fue rebautizada en 2001 como WHINSEC. El nombre fue cambiado por el departamento de Defensa (Pentágono) para lograr autorización para una partida presupuestaria en el año fiscal 2001 e impedir que los opositores de la SOA aprobaran una legislación que habría desmontado la escuela. El cambio del nombre fue decidido cuando la Cámara de Representantes estuvo a punto de abrir una investigación del Congreso, perdida por apenas diez votos.

Crímenes aquí y ahora…

Pero hoy asistimos a una gigantesca Operación Cóndor de nueva factura que se expande a nivel planetario. Existen evidencias de que la CIA utiliza como prisión secreta para sospechosos a una base aérea de EEUU en la isla británica Diego García y trabaja con el gobierno de Londres para impedir el regreso de los habitantes originales que fueron forzados a abandonarla a fines de los años 60. El general estadounidense jubilado de cuatro estrellas Barry McCaffrey ha indicado que Diego García fue utilizada para detener a sospechosos de terrorismo. Las mismas denuncias provienen de un senador suizo, del relator especial para la tortura de la ONU, de detenidos anteriores y de la organización no gubernamental de derechos humanos Reprieve, del Reino Unido, que ha dedicado varios años a investigar las misteriosas detenciones en prisiones secretas.

El ministerio de Relaciones Exteriores británico continúa apelando ante la Alta Corte por la expulsión ilegal de los 2.000 residentes originales de Diego García. EEUU ha dicho que si permiten su regreso los isleños presentarían un “riesgo inaceptable” a su base. Solamente han reconocido que en 2002 hubo dos vuelos que transportaron detenidos a Diego García.

Abundan, además, las denuncias de que EEUU opera “prisiones flotantes” secretas que mantienen a un número desconocido de prisioneros de su guerra secreta antiterrorista. Según abogados de derechos humanos, EEUU también ha intentado encubrir el número y el paradero de estos detenidos. Reprieve denunció más de 200 nuevos casos de aprehensión desde 2006 y advirtió que Washington pudo haber utilizado hasta 17 naves de la marina de guerra como “prisiones flotantes” desde 2001, entre otras el USS Bataan, USS Peleliu, USS Ashland, USNS Stockham, USNS Watson, USNS Watkins, USNS Sister, USNS Charlton, USNS Pomeroy, USNS Red Cloud, USNS Soderman, USNS Dahl; MV PFC William B Baugh, MV Alex Bonnyman, MV Franklin J Phillips, MV Louis J Huage Jr, MV PFC William B. Baugh y al MV James Anderson Jr. Los detenidos fueron interrogados a bordo de estos buques y luego derivados a otras naves, a menudo sin revelar ubicaciones, afirma la denuncia.

Reprieve también dio a conocer su preocupación por las actividades del navío USS Ashland en Somalia, a principios de 2007, en un supuesto esfuerzo por capturar a terroristas del al-Qaeda. En ese tiempo más de un centenar de personas fueron secuestradas por fuerzas somalíes, etíopes y kenyanas, en una operación sistemática que incluyó interrogatorios a cargo de individuos considerados miembros del FBI y de la CIA. Por su propia admisión, el gobierno de EEUU actualmente mantiene a por lo menos a 26.000 personas detenidas sin juicio en prisiones secretas y la información sugiere que hasta 80.000 han pasado “a través del sistema” desde 2001. El gobierno de EEUU está comenzando a ser urgido para que entregue listas de nombres y a informar sobre el paradero de todos esos detenidos. (5) También existen informes de que la administración Bush operó un “anillo ejecutivo de asesinatos” que rendía cuentas directamente al vicepresidente Dick Cheney. Bajo el presidente Bush, las operaciones militares especiales de asesinato fueron realizadas en muchos países -no sólo en Iraq y Afganistán, sino también en América Latina y alrededor del mundo- pero los sicarios no hablaban con los embajadores ni con el jefe de la estación local de la CIA. Sólo buscaban a la gente de una lista, la encontraban, la mataban y se marchaban.

La unidad especial de asesinatos actuó bajo el Comando de Operaciones Especiales fuera de su sede de Florida. Una de las unidades que trabajan protegidas por el paraguas de este Comando se conoce como Joint Special Op-JSOC, un grupo especial de elite conocido también como “Unidad Negra”, que entre su personal posee asesinos formados en el Navy Seals de la marina y en la Delta Force del ejército. Las blancos, o víctimas, fueron ordenados a través de la oficina del vicepresidente Cheney. El autor de la denuncia, Seymour Hersh, de The Nation, no sabe si el grupo de asesinato todavía continúa actuando bajo de presidente Obama.(6)

La Operación Cóndor sigue potencialmente latente. Los nuevos centros estadounidenses contra los derechos de los ciudadanos del mundo, como Guantánamo, las prisiones flotantes en buques de la marina de guerra de EEUU que deambulan por los mares del planeta o las cárceles secretas habilitadas clandestinamente incluso en Europa son manifestaciones contemporáneas de una gigantesca Neo Operación Cóndor. Al igual que en la Escuela de las Américas de Panamá, la mojigatería o hipocresía de EEUU no permite torturar en su propio territorio “para no violar la ley”, sino que la exporta y globaliza. La amenaza Cóndor, por lo tanto, sigue latiendoÂ…

Notas: 1) En el secuestro y posterior asesinato participaron los servicios de inteligencia de Francia (al parecer, sin conocimiento del entonces presidente Charles de Gaulle) y del Mossad israelí. El luchador fue torturado y asesinado en presencia del entonces ministro del interior de Marruecos, general Muhammed Oufkir, quien después fue también ministro de defensa del rey Hassan II Â…pero murió por órdenes de su propio amo, después de un fallido intento de golpe y asesinato acaecido el 16 de agosto de 1972. El general apareció muerto por la espalda, acribillado a balazos, pero la versión oficial aseguró que se había quitado la vida. Para la conexión del Mossad y la inteligencia francesa ver Mossad, la historia secreta, de Gordon Thomas, 528 pp, sello Byblos, 2005. Letelier por cuenta del departamento de Justicia de EEUU, escribió en colaboración con Taylor Branch el libro Laberinto (Laberynth, Penguin Books, Nueva York, 1983, 623 pp), que contiene los primeros antecedentes conocidos sobre la Operación Cóndor y constituye una verdadera enciclopedia sobre las acciones de terrorismo promovidas por EEUU con agentes de origen cubano, tales como Luis Posada Carriles y Orlando Bosh Ávila, entre muchos otros.

3) Página 12, sábado, 18 de mayo de 2002 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-5276-2002-05-18.html

4) Para mayor información sobre “el capítulo uruguayo” de Cóndor, ver http://www.pvp.org.uy/oliveracondor.htm

5) Resúmenes de historias periodísticas ocultadas por la gran prensa de EEUU y el mundo, elegidas entre cientos de noticias estudiadas por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California para la selección final de 25 historias relevantes a publicarse en el anuario Censored 2009/2010, de próxima aparición.

6) “Secret US Forces Carried Out Assassinations in a Dozen Counties” Democracy Now! March 31, 2009

http://www.democracynow.org/2009/3/31/seymour_hersh_secret_us_forces_carried

Ernesto Carmona

Panamá se distancia de la ola izquierdista

El empresario Ricardo Martinelli, de la derecha panameña, acaba de ganar la presidencia en Panamá. Esta victoria representa un distanciamiento de dicho país de la ola de Latinoamérica hacia la izquierda. El triunfo de la derecha se puede explicar por distintas razones históricas y culturales de Panamá. Sin embargo, algo que contribuyó indudablemente a esta victoria fue que el Sr. Martinelli gastó aproximadamente $35 millones en propaganda dirigida a los sectores pobres de la sociedad. Además, corrió el país regalando becas y otros incentivos a estudiantes pobres. La candidata de centro-izquierda, Balbina Herrera, siendo una ingeniera en agronomía, evidentemente no tenía el dinero para contrarrestar la manipulación masiva que organizó la derecha. Si el partido de Herrera aprovechaba su situación en el poder para usar instituciones del estado para propaganda y de esa manera contrarrestar la propaganda que la derecha pudo elaborar gracias a sus riquezas, se les acusaría de corromper la democracia. De esta manera, la desigualdad de clases y el estado capitalista perpetuan el poder político de la derecha mientras obstaculizan que otros sectores logren obtener el poder político. ¿Cuál es el verdadero corruptor de la de democracia?